El triángulo de la narcorrupción* | Opinión

El retroceso político representado por la militarización emprendida por el “nuevo régimen” del presidente transformador es de 15 lustros.

Por Héctor Tajonar

Uno de los secretos mejor guardados del presidente Andrés Manuel López Obrador es la razón por la que ha impuesto un creciente proceso de militarización, inédito desde que se instituyeron los gobiernos civiles, en 1946, cuando el general Manuel Ávila Camacho le entregó la banda presidencial al licenciado Miguel Alemán Valdés. Ello representa una regresión de 75 años.

El sangriento proceso de la despolitización del ejército mexicano o, si se prefiere, de la desmilitarización de la política, duró tres décadas (1910-1940). La Revolución intentó acabar con el ejército porfirista pero la muerte del presidente Francisco I. Madero y el ascenso al poder del general Victoriano Huerta lo impidió hasta 1914, fecha en el que el Usurpador fue derrotado por la División del Norte comandada por Francisco Villa. De ahí se sucedieron los enfrentamientos entre las diversas facciones revolucionarias:

“Las luchas de 1915-16 eliminaron a la mayor parte de los generales leales a Pancho Villa y a Emiliano Zapata; la rebelión de 1920 eliminó a los partidarios de Venustiano Carranza; los victoriosos de 1920 a su vez eliminaron a la mitad de los generales activos y a otra cuarta parte durante las rebeliones de 1927 y 1929… Para 1929, solamente cinco generales de división quedaron como claros dominantes de la situación y Lázaro Cárdenas, uno de ellos, dio el tiro de gracia a los otros cuatro.” (Edwin Lieuwen, Mexican Militarism: The Political Rise and Fall of the Revolutionary Army, 1910-1940. The University of New Mexico Press, Albuquerque, 1968, pp. xii-xiii).

Con la creación del PNR en 1929, Plutarco Elías Calles intentó limitar la influencia del Ejército en la política. El general Joaquín Amaro, secretario de la Defensa de Calles inició el proceso de reformas militares que fue continuada por el general Manuel Ávila Camacho, secretario de la defensa de Cárdenas.

“Nosotros no trajimos al ejército a la política. Ya estaba allí. En realidad venía dominando la situación y nosotros hicimos bien en reducir su influencia”, explicó general Cárdenas. (Ibid., p. 125).

López Obrador ha hecho lo contrario. El retroceso político representado por la militarización emprendida por el “nuevo régimen” del presidente transformador es de 15 lustros. Infringiendo la Constitución, ha militarizado la seguridad pública y le ha asignado a las Fuerzas Armadas muchas otras funciones que debieran ser desempeñadas por civiles.

El dueño de Morena y la 4T ha ejercido el mando con mayor despotismo al de cualquiera de sus antecesores de la época dorada del presidencialismo autoritario. Sin embargo, su poder está condicionado por el pacto secreto con los altos mandos castrenses.

¿Qué llevó al actual mandatario a cogobernar con los militares, si su prioridad ha sido detentar “todo el poder”?

En primer lugar, el jefe supremo quiso asegurar el control del aparato coercitivo del Estado para garantizar su permanencia en el cargo hasta que él decida irse. El límite constitucional para que ello ocurra es el 1 de diciembre de 2024 y las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad ineludible de respetar ese término.

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A cambio de garantizar la lealtad castrense, el presidente les ha adjudicado funciones y canonjías sin precedente en la historia del país. Ello implica no sólo el aumento del poder político y financiero del Ejército y la Marina sino un alto riesgo de corrupción a gran escala.

La corrupción militar ha sido tema tabú y secreto a voces desde hace más de un siglo hasta el presente. En la época del presidente Venustiano Carranza nació el verbo “carrancear”, como sinónimo de corromper; y el presidente Álvaro Obregón inmortalizó la frase: “Ningún general resiste un cañonazo de 50 mil pesos.”

La transición de la era de los generales a la de los “licenciados” iniciada con la presidencia de Alemán (1946-1952) redujo el poder político de la milicia pero no el acceso de los militares de alto rango a privilegios y fuentes de riqueza. Entre ellos, los recursos ilegales provenientes del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Esa realidad perdura. (Corrupción militar impune, Aristegui Noticias, 24/XI/2020).
¿Qué relación existe entre la militarización y la narcorrupción galopantes en tiempos de la posverdad cuatroteísta?

Otro gran enigma del presidente López Obrador es la presunta complicidad de la 4T con el narcotráfico. Además de estar estrechamente vinculados, la militarización y la narcorrupción representan los dos aspectos más turbios del actual gobierno.

El primero es patente e innegable. Del segundo existen abundantes indicios pero dado el carácter subrepticio e ilegal del asunto resulta difícil de probar. No obstante, es indispensable investigarlo y analizarlo.

Entre 1997 y 2020 fueron detenidos 12 generales del Ejército Mexicano por presuntos vínculos con el narcotráfico. Menciono sólo los dos casos más importantes. En febrero de 1997 fue capturado el General Diplomado de Estado Mayor Jesús Gutiérrez Rebollo, designado meses antes por el entonces presidente Ernesto Zedillo como director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (“Zar Antidrogas”). Se le acusó de brindar protección al líder del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, el “Señor de los Cielos”, y fue condenado a 40 años de prisión. (ZETA, 22/X/2020).